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Balance del Master de Secundaria.

5 julio, 2011

En este momento en el que todo el mundo decide hacer una valoración sobre la capacitación de nuestros docentes, queremos hacer balance sobre la puesta en marcha del master de secundaria, que debería garantizar la formación inicial de los futuros docentes que desarrollarán sus funciones en la educación secundaria y formación profesional y enseñanza de idiomas, etapa que requiere una mayor exigencia en cuanto a recursos pedagógicos,  la atención a un alumnado diverso y en continuo cambio. Hasta ahora las dificultades del profesorado de secundaria venían definida por un modelo de capacitación didáctica bastante precario como era el modelo CAP.

En el 2003  el antiguo sistema CAP, atendía a unos 12.300 alumnos y alumnas matriculados  en la Universidad complutense de Madrid, hasta ahora centro de referencia incluso para otras comunidades autónomas,  cuasi presencial y con pocas exigencias en su desarrollo.

Con las graves deficiencias que conllevaba el CAP, se hace necesario un cambio en el modelo que capacite a los futuros docentes al ejercicio de una profesión con un grado de exigencia grande, que cumpla su papel compensador de desigualdades, que sepa adaptarse al vertiginoso ritmo tecnológico con el que el alumnado llega a los centros educativos y sobre todo que entienda el cambio en el proceso de socialización del alumnado.

Finalmente en el año 2007, se publica la orden ECI/3858/2007 por la que se establecen los requisitos para la habilitación para el ejercicio de los profesionales de educación secundaria obligatoria y bachillerato, Formación profesional y enseñanza de idiomas,  sin consulta previa, ni  a las universidades, ni a la representación legal de los trabajadores/as . Una de las deficiencias  fundamentales es la carencia de financiación para la puesta en marcha del master, sin la garantía de un procedimiento consensuado y común en el desarrollo en las diferentes comunidades autónomas.

Son necesarios 60 créditos en general, según regula la orden,  una distribución de  12 créditos para el módulo genérico,  24 para distribuir entre el aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes y la innovación docente e iniciación a la investigación educativa, y 16 para el prácticum más el trabajo fin de master, dejando una orquilla de créditos a libertad de la planificación de las diferentes universidades.

Parecería lógico pensar que el aumento de carga horaria en el master, vaya destinada al apartado de didáctica, a paliar la carencia de capacitación didáctica que trae el alumnado para el desarrollo de la materia en el aula. Pero en algunas ocasiones existe una pugna por aumentar la carga horaria en la parte de aprendizaje en las materias correspondientes, lo que supone una repetición de contenidos con los que el alumnado discrepa. Es un hecho que en cuanto a contenidos especilizados, el alumnado y salvando las distancias en función de los grados, viene suficientemente preparado, es en la parte de didáctica en la que se tienen más deficiencias, nadie te enseña a enseñar matemáticas, o geografía.

Parecería obvio, que la coordinación y el mayor peso, lo lleven las facultades de educación, que son quienes disponen de despartamentos de didáctica, aunque también es importe adecuar dichos departamentos, así como adaptarse a la impartición de las diferentes especialidades. Parece que la indefinición en el desarrollo de la normativa y la ausencia de medidas comunes, están generando un ambiente de competitividad entre universidades que lejos de preservar el derecho a la mejor enseñanza del alumnado, pugna por ostentar mayor poder respecto al master.

Incorporar elementos pedagógicos, en los créditos de formación específica, supone una mayor exigencia para el docente universitario, para reciclarse, incorporar contenidos nuevos, por tanto una mayor dedicación horaria que hasta ahora ni está compensada, ni está valorada, ni tan siquiera tiene una estructura común, por lo que puede derivar en un desinterés en el profesorado que no ve como positivo dedicar docencia al master,  lo que probablemente quedará como aquello que nadie quiere, destinado al profesorado asociado que llega en último lugar y casi con carácter obligatorio. Esta situación irá mermando las posibilidades de proyección del master.

Lo que prima pues, no es la capacitación docente, ni la adquisición de recursos didácticos que habiliten para impartir una clase en secundaria, que les capacite para la atención a la diversidad propia de esta etapa, acomodarse al vertiginoso cambio social que están sufriendo los jóvenes, adaptación a las nuevas tecnologías en el aula, lo que está primando es la desidia de las administraciones educativas por quietarse el tema de en medio en torno a máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, esfuerzo que por otra parte recae sobre los trabajadores y trabajadoras.

En cuanto a la coordinación de la didáctica, sería necesario repensar cómo, cuántos y en qué medida hay que modernizar los departamentos de didáctica que se ajusten a las necesidades de dicho master, para ello es indispensable dedicar recursos económicos y humanos.

Las grandes dificultades están surgiendo con las especialidades de la Formación profesional, ya que no se disponen de recursos suficientes para capacitar en función de las familias profesionales, con un problema añadido y es que en el momento en el que el alumnado tienen que realizar el prácticum, el propio alumnado de los módulos de formación profesional, está a su vez en proceso de prácticas en empresa, lo que dificulta notablemente resolver la situación, es necesario repensar el master para aquellas personas que quieren habilitarse para formación profesional, que como siempre es la gran olvidada del sistema.

Esto nos lleva a deducir que el mayor obstáculo y debilidad en el master, es el prácticum, que queda a la improvisión de cada Comunidad autónoma. En algunas comunidades autónomas, se facilita la búsqueda de tutores docentes de centros educativos que garanticen de alguna manera un sistema de prácticas coherente y ajustado a las necesidades , ofertando la posibilidad de generar interés  para aquellos docentes tutores y tutoras que dispongan de alguna compensación, tipo créditos de formación para sexenios, apoyos al profesorado tutor e incluso alguna compensación económica., como viene pasando en Castilla la Mancha o Aragón.

Esta situación no está regulada uniformemente lo que dificulta notablemente un sistema equitativo y justo, puesto que si ponemos de ejemplo otras comunidades como la de Madrid, será la propia universidad la que configure un sistema de contraprestación para el profesorado docente que quiera ser tutor o tutora.  Sabiendo que el recorte económico de universidades, fundamentalmente públicas, es un hecho, no hay forma desde dichas universidades para compensar económicamente a los y las docentes tutores, tampoco se puede computar como créditos de formación para sexenios, porque la consejería de educación de Madrid no lo permite,  por lo que supone una mayor carga horaria para el profesorado que tutoriza, sin compensación económica, ni compensación horaria, ni tan siquiera a efectos de créditos de formación para sexenios, ya que supone una manera de reciclarse además de una mayor exigencia por renovar conocimientos por parte de los y las docentes.

Si unimos la dificultad de encontrar centros educativos que quieran acogerse a ser centros de referencia para el prácticum por la falta de rigor de la administración educativa, lo que va a limitar la oferta de master en las diferentes universidades públicas, puede suponer barra libre para otras universidades privadas que flexibilizan sus criterios de incorporación de alumnado, con un aumento cuantitativo de tasas impresionante y con mayores posibilidades económicas de poner en marcha un modelo de master más a la carta de cada caso.

La petición de master de secundaria para el curso 2011- 2012  es de 2835 jóvenes que aspiran, tanto en primero como en segunda convocatoria, a cursar el master de secundaria en la Universidad Complutense de Madrid, tan sólo unos 600 tendrán admisión en dicha universidad, fundamentalmente por la poca disponibilidad de conseguir centros docentes suficientes, solventes y con garantías de impartir unas prácticas ajustadas a las necesidades del alumnado para convertirse en futuros docentes. Si estas 600 personas van a pagar unas tasas de unos  1500 euros en una universidad como la complutense, habrá unas 2000 personas que no podrán cursar el master en la universidad pública, estando abocadas a pagar tasas en las universidades privadas de entre 5000 y 6000 euros en universidades como San Pablo CEU o Camilo José Cela, o los 10.000 euros  de la Universidad Europea de Madrid, universidades privadas con muy poco control social.

Puede suponer una fuente de ingresos para universidades privadas que no garantizan ni la equidad, ni el derecho fundamental de igualdad de oportunidades para todos y todas. Sumado a esta situación la falta de oferta de plazas en las universidades públicas, la merma paulatina y grave de presupuestos educativos para las universidades, la falta de plantilla de profesorado, supone una estrategia de las administraciones educativas conservadoras de privatización del modelo público de la educación universitaria.

Como ejemplo, mientras que en el primer año se ofertan las plazas para universidades sostenidas con fondos públicos, en este segundo ya pueden solicitarlo las universidades privadas.

Para la federación de enseñanza de CCOO es prioritario preservar por un lado el sistema en las mejores condiciones posibles que garantice la igualdad de oportunidades para el alumnado indistintamente de su nivel socioeconómico, un sistema que flexibilice la rigidez del actual sistema de master que facilite la compatibilidad entre el mercado laboral y el master, asegurar un proceso de aprendizaje en la didáctica, estrategias docentes para impartir una clase de secundaria, la incorporación de atención a la diversidad y la adquisición de recursos pedagógicos que faciliten la atención a un alumnado en continuo cambio y con un amplio conocimiento de las nuevas tecnologías.

Es necesaria la coordinación, el seguimiento y la fidelización de centros educativos con la universidad que puedan dar la suficiente cobertura entre la oferta y la demanda ajustada a las realidades del propio sistema educativo, que haga viable la capacitación docente de los futuros profesionales de la enseñanza, con un aumento de plantilla en universidades,  así como generar una batería de posibilidades para aquellos profesores y profesoras que quieran tutorizar al alumnado de master en el prácticum,  desde una compensación económica, horaria, hasta una compensación a efectos de sexenios. Es un hecho irrefutable que para disponer de los mejores profesionales es necesario invertir económicamente en la educación pública que garantiza el principio de igualdad. De nada vale hacer discursos políticos huecos en torno a la educación pública de calidad cuando no existe predisposición a ejecutarla, al menos, que no nos tomen el pelo.

Agradecemos la disponibilidad del Instituto de ciencias de la educación de la universidad complutense por su colaboración.

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